GEORGINA ZEREGA

El cerco de Estados Unidos sobre el Cartel de Sinaloa sigue estrechándose. En la guerra que mantiene Washington contra el fentanilo, que ha elevado en 2022 las muertes por sobredosis a más de 107.000, las medidas buscan ahorcar cada vez más la producción y distribución fuera de las fronteras estadounidenses. La persecución a la facción de Los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, fue la gran señal de que estaban dispuestos a activar todas sus fuerzas contra esta organización criminal. Desde entonces las sanciones y las presiones no han cesado. Mientras en México el cartel libra su batalla por el terreno, que esta semana dejó una nueva masacre de 19 personas en Chiapas, en Estados Unidos se enfrenta a ataques desde los tribunales y las oficinas gubernamentales. La cruzada contra los narcos mexicanos ha arreciado tras la evaluación hecha por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que reveló una desmejorada salud de uno de los históricos líderes, Ismael El Mayo Zambada. Una predicción que se avista intensa en pleno año electoral en el país del norte.

El Departamento del Tesoro ha impuesto este lunes sanciones contra tres personas, una en México y dos en China, acusadas de blanquear dinero y de tener vínculos criminales con la organización narcotraficante. Diego Acosta Ovalle ayudó desde México a los criminales “ocultando y recaudando las ganancias del narcotráfico, antes de entregarlas a socios del cartel”, de acuerdo a la versión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Mientras que Tong Peiji y He Jiaxuan trabajaron desde China para lavar las ganancias a través de una organización con sede en Estados Unidos. Este último embate judicial se lee en medio de un complejo escenario en que Washington lleva arriconando al Cartel de Sinaloa desde hace un año y medio.

La batalla se hizo clara con la detención, y luego extradición, de Ovidio Guzmán, uno de los líderes de Los Chapitos a quien le acusaban de la producción y el tráfico de fentanilo. En abril de 2023, cuando Washington tramitaba la extradición de Guzmán, el Departamento de Justicia presentó cargos contra 28 miembros del Cartel de Sinaloa, entre quienes estaban los tres hijos de El Chapo: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio. En el marco de una investigación por el tráfico de fentanilo, les acusaron de montar operaciones para inundar Estados Unidos con esta sustancia, con el fin de abastecer a las “calles llenas de drogadictos”. En septiembre del año pasado, tras la extradición de Ovidio, alias El Ratón, se dio a conocer que enfrentaba cargos por posesión de droga con intención de distribuirla, conspiración para importar, manufacturar y distribuir droga, conspiración para lavar dinero, portación de armas y por ser miembro de una empresa criminal.

La embestida contra Los Chapitos no acabó ahí. En noviembre del año pasado, las autoridades mexicanas detuvieron a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad de esa facción del cartel. Unos meses después, en plena recta final electoral en México, cuando faltaba apenas una semana para las presidenciales, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo extraditó a Estados Unidos, donde le acusaron, además de narcotráfico, de haber asesinado a Alexander Meza León, un informante de la DEA que se había infiltrado en el Cartel de Sinaloa y apareció muerto en octubre de 2023 junto a los cuerpos sin vida de otras ocho personas en el Estado de Durango. Por esos días sentenciaron además a siete miembros del cartel, dos mexicanos y cinco estadounidenses, por introducir a Estados Unidos miles de pastillas de fentanilo y varios kilogramos de metanfetamina y cocaína a través de la frontera.

Una radiografía hecha por la DEA y difundida a principios de mayo describe al Cartel de Sinaloa no como una organización unida que opera bajo el mando de un líder, como sucede más con el Cartel Jalisco Nueva Generación, sino como una congregación de cuatro grupos criminales. El reporte describe una facción liderada por el Mayo Zambada, otra por Los Chapitos, una tercera por Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de El Chapo, y una última creada por Rafael Caro Quintero, conocida como el Cartel de Caborca. El informe aseguraba que la salud física de Zambada está deteriorada, una idea que pone en duda su liderazgo y cuánto tiempo más estará operativo.

La posible sucesión en la organización, sin embargo, no ha dado tregua a las calles en el vecino del norte. “Los carteles de Sinaloa y Jalisco han causado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos”, se lee en el documento difundido por la DEA en mayo. Las autoridades estadounidenses aseguraron entonces que ambas organizaciones mantenían presencia en los 50 Estados e insistían que la red de producción comenzaba en China, donde han intentado poner el ojo últimamente. En el tráfico de fentanilo, sostienen, participan exportadores de precursores químicos y productores, pero también navieras internacionales, transportistas en ambos lados de la frontera, funcionarios corruptos, constructores de túneles, empresas fachada y testaferros que blanquean el dinero.

A principios de mayo pasado, Anne Milgram, directora de la agencia antidrogas, se quejó en el Congreso estadounidense de que la cooperación con el Gobierno de López Obrador había sido “inconstante”. Algo que rechazó el Ejecutivo mexicano. Por momentos, y según quién hable, la lucha contra los cárteles mexicanos se convierte en carne de cañón en una batalla que pinta más política que policial. Otras veces, la presión recae con más fuerza en el gigante asiático. “Combatir la amenaza que suponen las organizaciones de blanqueo de capitales en China es una prioridad clave del Departamento del Tesoro, y hoy tomamos medidas para cortar los flujos financieros de los principales blanqueadores de capitales que están impulsando el tráfico de fentanilo”, señaló el vicesecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, al anunciar las nuevas sanciones.

FUENTE: EL PAIS.